En relación con sus objetivos y ámbiito de aplicación, el Código señala precisamente: 

"El Código de Ética en la Contratación Pública constituye en una guía para todos los actores involucrados en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado. Su alcance abarca tanto a los servidores públicos como a los proveedores, contratistas, consultores y demás sujetos que interactúan con las entidades gubernamentales en este ámbito. Pero debemos recordar que la forma de obligar la ética no es desde la sanción, sino desde la convicción; “es el propio individuo el que se obliga o se prohíbe a hacer determinadas acciones. Siente la obligación de realizar algunos cursos de acción y evitar otros”.

El Código de Ética promueve principios fundamentales como la libre competencia, la igualdad de trato, la transparencia, la objetividad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, garantizando así la eficiencia, la eficacia y la equidad en la gestión de los recursos públicos. Su aplicación se extiende a todas las etapas de los procedimientos de contratación pública, desde la planificación hasta la ejecución, control, cierre y finiquito de los contratos.

En definitiva, el Código de Ética en la Contratación Pública constituye una herramienta fundamental para fortalecer la integridad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, contribuyendo así al buen gobierno y al desarrollo económico y social del país."