La Ley General de Contratación Pública se edifica sobre pilares como gobernanza, transparencia, control, ética y orientación a resultados mediante el uso de herramientas como el SICOP. A casi cuatro años de vigencia de esta normativa, el marco ha impulsado el desarrollo social y la rendición de cuentas, sin embargo, el gran reto consiste en imaginar a la democracia costarricense mirándose al espejo de la contratación pública para descubrir qué imagen refleja realmente.

Texto adaptado de la conferencia magistral impartida en la 20º Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), el 12 de Agosto de 2026.

La subcontratación pública en Costa Rica ha experimentado una transformación radical en su alcance y conceptualización, no sólo bajo la lectura reciente de la Contraloría General de la República sino también con las reformas realizadas en este año al Reglamento de la Ley General de Contratación Pública enfocándola en el núcleo esencial del contrato. Esta evolución jurídica exige a los oferentes replantear con precisión qué actividades deben declararse formalmente en sus ofertas y cómo gestionarla.

Una administración transparente, orientada a la creación de valor público y la eficiencia, es la clave para transformar la realidad social a través de las compras estatales.

Con recursos fiscales limitados, resulta esencial maximizar su impacto, incluyendo aquel de la compra pública. Si bien la razón de ser de las compras públicas es adquirir los bienes, servicios y obras que el sector público necesita para cumplir sus funciones, en la búsqueda de la mejor relación calidad-precio no puede ignorarse el impacto ambiental y social que conlleva cada decisión.  Para potenciar su carácter estratégico, los países deben priorizar, en función de sus estrategias (por ej, planes nacionales de desarrollo), qué objetos contractuales pueden contribuir de manera más directa a dichos objetivos.

La Cámara de Industrias de Costa Rica, en conjunto con la OCDE y con el apoyo de la Dirección de Contratación Pública, impulsan un nuevo enfoque basado en la neutralidad tecnológica y una interacción temprana y estructurada con el mercado, que permitan dialogar de forma transparente con los proveedores reduce las asimetrías de información, fomenta la libre competencia e inclusión.