La contratación pública estratégica (CPE) busca que el gobierno, como un centro articulador de todos los organismos públicos, comprenda, motive y se comprometa a considerar las necesidades planificadas a contratar, como un insumo -a la vez- para poder abordar el cerramiento de brechas en lo social y económico. Impulsa la CPE que el peso económico de los recursos destinados a esta actividad, sepa incidir en políticas, planes, estrategias y acciones específicas para un desarrollo local y nacional progresivo, con reparo en un mejor cumplimiento de los derechos sociales, de crecimiento y prosperidad, y de más dignidad, con calidad, humana. En la medida en que un gobierno logre saber implementar a la contratación como herramienta para alcanzar un mejor país, en esa misma medida es que podrá justificarse como la opción democrática para el ejercicio del poder que se da en las urnas, en pro del interés general.

Los países y sus gobiernos de turno, sus jerarcas (dígase los políticos elegidos), no suelen dimensionar que la contratación pública, como procedimiento para adquirir bienes, servicios o levantar obras, es más que urgente desarrollarlo bien, entiéndase célere, con eficiencia, eficacia, valor por el dinero, integridad, y desde la visión estratégica, con el objeto de ganar legitimidad democrática.

De hacer la gestión de la contratación pública, cada vez mejor, la posibilidad de hacer un buen gobierno nacional o local, y de mantenerse en cargos de poder, es bastante más probable. Visto de otra manera, se puede indicar que ganar el voto del electorado pasa por una gestión de la compra publica que ayude a ejecutar contratos, que permita ver resultados. Lo que entra por los ojos, aunque parezca simple, arrastra a la gente deseosa de ver cómo se invierten los recursos de los contribuyentes. Y, si los que votan, observan obras, servicios, que se dan gracias a los contratos que se celebran dentro del marco de la contratación estatal, pues, gana aprecio, logra incidir en legitimidad democrática.

En suma, la gestión pública, y, por ende, lo que se haga con la contratación pública, debe dar resultados. ¿Qué gana un gobierno si se pasa el 90% de su periodo en pura tramitología previa sin lograr dar la orden de inicio a los contratos con sus contratistas? Es evidente que no se agradece a un gobierno por lograr adjudicar contratos, sino por hacer que se compran, y logren dar los resultados programados.

En esa línea, debemos indicar que los procedimientos de contratación pública han estado cambiando de simples procesos de adquisiciones de bienes, suministros o servicios de ejecución de planes de compras a un instrumento de fuerza y efectividad ejecutiva, para que los gobiernos ayuden a lograr el desarrollo de sus naciones, con equilibrio y con reparo en los derechos sociales y económicos que marcan las convenciones de derechos humanos.

De la idea de ejecución apresurada, en no pocas ocasiones, para ejecutar dineros públicos, se migra a acciones de ejecución contractual que puedan medirse en resultados para dar contenido a los principios de valor por el dinero, calidad del gastos, eficiencia y eficacia. No por nada es que se impulsa, como parte de esta idea de contratación estratégica, el establecer el ya conocido presupuesto por resultados.

No hay organismo público que no ocupe desarrollar procedimientos de compra. Y no hay procesos de compra que no impacten en menor o mayor escala, el cumplimiento de la actividad ordinaria, sea de prestación directa o no de servicios públicos, a las personas. De forma directa a la gente, como a instancias que son necesarias para que otros órganos cumplan, la contratación y sus procedimientos son ese elemento vital para alcanzar las metas, de corto, mediano y largo plazo de todo gobierno, de todo organismo público.

Como lo explica Alejandro Canónico (Canónico Sarabia, Alejandro. La Contratación Pública Estratégica y el Acceso de las Pymes), el “estado está llamado a propiciar las condiciones necesarias para promover el progreso social, económico y cultural que les garantice a todas las personas una elevada calidad de vida”, por ello, y “dentro del sistema democrático” se “debe asegurar un clima de paz, prosperidad, mantener instituciones públicas sólidas y confiables…”. De hecho, agrega el autor, lo “recomendable sería que el estado no actúe sólo, que permita la participación externa (tanto pública como privada) y propicie el intercambio de iniciativas, proyectos y recursos para garantizar las ejecutorias consensuadas de aquellas políticas públicas.”

Por eso, un gobierno que no aprecia el valor estratégico de la contratación pública, y que por su medio se impacte en cerrar brechas, así como en asegurar que el gasto público se realice a partir de mejores prácticas de contratación, con integridad y calidad en la inversión, no comprende que su propia legitimidad democrática puede verse seriamente comprometida. Así, ante elecciones de autoridades que no siempre gozan de un respaldo fuerte del voto popular, por la apatía y falta de participación ciudadana, la contratación pública viene a ser el medio para que la gente vea los resultados tangibles de una buena o mala labor. Obras son amores, según el dicho. En efecto, es así, y se debe comprender la importancia por tanto de concretar lo que llamamos contratación pública estratégica.

Hemos, pues, de precisar el concepto de la contratación estratégica como  la visión de una gestión de la contratación pública como un vehículo idóneo para ayudar a avanzar, progresivamente, en el desarrollo los derechos sociales, económicos, de desarrollo, con rostro humano, que, de manera directa, contribuye en una legitimidad democrática realista del que ostenta el poder formal, y transitorio y que, para estar en el ejercicio de los cargos con estabilidad y, claro, para creer en una aspiración de continuación en el cargo que requiere de una gestión adecuada de la contratación pública.