El proyecto de Informe sobre la revisión del marco de la contratación pública fue aprobado, con enmiendas relevantes, en la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, el día 7 de julio. Fue aprobado con 34 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Su aprobación final por el Pleno del Parlamento Europeo será previsiblemente en septiembre.

En dicho proyecto de informe el Comité expone su posición con relación a la revisión de las normas de contratación pública por parte de la Comisión, que está prevista para finales de 2026.

Uno de las principales ideas es que las licitaciones públicas ya no deberían centrarse únicamente en el precio. Se propone potenciar la perspectiva de costes de ciclo de vida; cuando un proyecto inicial es muy económico, los costes de mantenimiento obligatorio posteriores pueden resultar considerablemente superiores a los de proyectos alternativos. La utilización de materiales más baratos puede resultar perjudicial para el medio ambiente, y las condiciones de trabajo pueden ser precarias para los trabajadores empleados en la ejecución de contratos públicos, adjudicados teniendo en cuenta exclusivamente el precio de compra de la prestación. Así, los eurodiputados piden que la Comisión dé mayor peso a otros criterios, como los sociales y ambientales, en las licitaciones públicas. La versión final de la Comisión elimina la perspectiva inicial del ponente del informe Piotr Müller, miembro del partido Ley y Justicia de Polonia, poco favorable a la utilización de la compra pública como apoyo a políticas públicas ambientales. De hecho, el borrador inicial contenía la siguiente frase, referido a los objetivos de la contratación pública: “it must not be misused to artificially sustain failed policies such as the Green Deal”. Esta frase ha sido eliminada y reformulado el planteamiento sobre la compra pública estratégica:

“Recognises, in this context, that while public procurement can be a useful tool for achieving strategic objectives, such as innovation and sustainability or supporting support strategic industries in Europe essential to the security of industrial output and economic stability, it is an engine for fulfilling tasks whose primary function is to achieve the best value for public tax funds and thus ensure efficient and transparent procurement of goods and services”.

El informe incide en la necesidad de expandir los objetivos de la compra estratégica más allá de los objetivos ambientales y de innovación, para abarcar los nuevos retos políticos de la UE (resiliencia, seguridad de suministro, preferencia europea, etc).

Otro aspecto fundamental del informe es la necesidad de facilitar la participación de las pymes en los procesos de licitación. Para fomentar la participación de las pymes, las licitaciones deberían dividirse en lotes más pequeños y las normas deberían simplificarse y ser más claras. El informe pone el acento en la necesidad de reducir la densidad y la complejidad regulatoria, particularmente teniendo en cuenta que supone una barrera para el acceso a las PYMES. Los eurodiputados proponen a la Comisión que simplifique y aclare las normas de la UE, garantizando al mismo tiempo flexibilidad para los poderes adjudicadores. Las normas deben regular en este sentido cómo comprar, no qué comprar. Parece que esta idea refleja cierta preocupación (y quizás cierta crítica) por los recientes reglamentos y directivos que han establecido la exigencia de compra de determinados productos, servicios y obras con criterios de sostenibilidad, si bien es cierto que estas normas introducen elementos de flexibilidad para exceptuar o incluso reforzar los estándares de la UE.

Los eurodiputados afirman que las autoridades públicas deberían poder priorizar proyectos que dinamicen las economías y las empresas locales. Dado que el apoyo a las empresas europeas es especialmente importante en sectores estratégicos, la Comisión debería buscar maneras de facilitarlo sin recurrir al proteccionismo. También se propone a la Comisión que busque opciones regulatorias que prioricen a las empresas que recurran a trabajadores europeos para garantizar los derechos laborales. Se propone la modificación de los umbrales de los contratos bajo el marco regulatorio de la UE, para adaptarlos a los efectos de la inflación que ha elevado los costes de construcción en la UE.