La Declaración Potenciando la sostenibilidad a través de la compra pública, adoptada por en la XVIII Conferencia Anual de la RICG representa un importante compromiso continental de los países americanos de avanzar hacia un modelo de gobernanza que eleve el estándar de calidad, eficiencia, resultados y valor público de los sistemas de contratación pública de América Latina y el Caribe, facilitando y promoviendo la transición hacia un modelo de tipo estratégico, sostenible e inclusivo.

Los enfoques de compra pública estratégica pretenden impulsar las variables de sostenibilidad social, ambiental y de innovación, pero ello no exime de la precisión necesaria y también de la discusión fundamentada de eventuales limitaciones de la libre concurrencia, todo lo cual debe hacerse reconociendo los enfoques en el manejo de carga de la prueba y demostrando fehacientemente la afectación de la participación.

Los procesos de contratación pública son instrumentos de usos diario que utilizan las instituciones para garantizar la satisfacción de necesidades colectivas y el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, estos los procesos enfrentan diariamente obstáculos derivados de interpretaciones restrictivas, trámites extensos y pliegos de condiciones complicados o poco claros. En este contexto, la optimización no puede ser vista como acelerar trámites, sino como un enfoque integrador que combina el principio de legalidad, con un diseño estratégico de los pliegos que no es más que la aplicación de buenas prácticas. Una gestión eficiente permite reducir costos administrativos, promover la seguridad jurídica y generar mejores resultados en la gestión pública.

La contratación pública transita entre toma de decisiones basadas en legalidad y ética, como otros alcanzados por sujetos que no necesariamente resguardan los principios y la aplicación adecuada de las pautas de ley. El Constituyente diseño un modelo de control de la conducta administrativa que merece ser reforzado, con el perfeccionamiento de la revisión de ciertos actos, clave, de la contratación estatal.

El modelo albanés, de su ministra robot, invita a pensar en una serie de desafíos presentes en la contratación publica. No se trata solo de introducir IA en un sistema digital para la actividad contractual, sino de verdaderamente avanzar en cambios legales y políticas públicas que transformen la gestión que no pocas veces es opaca, por una cultura cada vez más cierta de integridad y cumplimiento normativo.

La sociedad anónima nacional o concesionaria que regula nuestra Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, está estructurada a horcajadas entre el Derecho público y el Derecho privado. Por ello, no se sabe con exactitud si responde al fenómeno de la publificación del Derecho privado, o si, por el contrario, es más bien expresión de la huida del Derecho administrativo. Y es que, si bien formalmente es una sociedad anónima, su regulación específica modifica características propias de aquellas, lo cual resulta importante analizar y tomar en consideración.

La automatización en la contratación pública, aunque busca eficiencia, introduce un riesgo significativo que se convierta en un velo tecnocrático, como es el caso de la falta de supervisión algorítmica de la plataforma única. Esto puede generar discrecionalidad silenciosa y sesgos, socavando la transparencia y la rendición de cuentas.