
Opinión
Existe un marco jurídico suficiente para impulsar la participación de las Pymes en la contratación pública, pero existe resistencia y falta de coordinación interadministrativa para su apropiada implementación.
La determinación de los incumplimientos demanda de los operadores superar las lecturas formales para demostrar su relevancia para el interés público, lo cual es un ejercicio que corresponde hacer en diversas etapas de la contratación.
La implementación de los criterios de contratación pública estratégica bajo la LGCP requiere de la realización de análisis de mercado previos que aseguren que no existe una limitación innecesaria de la libre concurrencia.
El interés en desarrollar proyectos de infraestructura relevantes y necesarios para el país ha llevado recientemente a discusiones referidas a la desnaturalización de figuras previstas y principios constitucionales del sistema de contratación pública bajo el argumento de atender el interés público.
Nuestros colaboradores
- Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha