La experiencia propia y casos que constantemente colegas, funcionario públicos, empresarios o estudiantes me comentan, me confirman -una y otra vez- que hay un reto, alto complejo, de trabajar en pro de una cultura integridad que sea real en la contratación pública. Semejante empresa pasa, hasta cierto punto, por una suerte de despoblar y volver a poblar, con nuevas camadas de funcionarios, en no pocos sitios donde se han entronizado prácticas que la sociedad, de diversas formas desaprueba. No podemos ser ingenuos en pensar que no hay corrupción, prácticas anticompetitivas, como personas que desconocen cómo se debe operar el ordenamiento o, adrede, son negligentes en su aplicación por la detestable opción que se da hacia lo opaco u oscuro.  

Se necesita para cimentar una cultura proba de una buena dosis de paciencia, y de titanes en la dirección de los procesos de cambio, para incidir e innovar en la mismísima carrera administrativa, desde las universidades, hasta en los procesos de reclutamiento, la evaluación del desempeño y la aplicación sin piedad de sanciones que deben ser fuertes y con efecto disuasorio.

Lo anterior lo pienso, a propósito del nombramiento de la ministra Diella, y la suma de lo electrónico, los datos, su análisis y la IA, como parte de lo que se ocupa para incidir positivamente en la cultura y prácticas probas en las compras estatales.

Albania. Resulta que en este país se ha nombrado a un robot alimentado de inteligencia artificial (IA) como nueva ministra de contratación pública (en lo referido a obras públicas). Diella, la robot, tiene por encargo la supervisión y adjudicación de todos los concursos públicos que el gobierno de este país asigne a los proveedores. La meta: lograr que el país esté 100% libre de corrupción, y garantizar que los fondos públicos sean "perfectamente transparentes". En su presentación se indica que las licitaciones han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Y, Diella, incluso, ya se ha pronunciado: “No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales”. Agregó: “Sólo tengo datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a los ciudadanos de forma imparcial, transparente e incansable”.

Diella, significa “Sol” en albanés y, más allá de lo político, soy un fiel convencido de la imperiosa necesidad de que el sol brille en no pocos sitios en nuestros países latinoamericanos donde hay oscuridad, opacidad o nublados; o estelas de corrupción, de favoritismos; de uso de las normas con fraude (se citan para dar apariencia de legalidad a decisiones lejanas de la decencia, incluso, desde el reparo estrictamente de una determinada profesión), algo a lo que se suma, a un sistema preventivo de denuncias que parece más preocupado por venderse como un producto de alta efectividad, que uno que a la hora de la verdad, de ver los datos duros, termina siendo un fiasco.

Cambios normativos. En países como Chile, Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana, o el más reciente, México, se han dado en los últimos 3 años profundos cambios en las leyes de contratación estatal. Entre las notas comunes de los ajustes, está el de avanzar en el traslado o uso de sistemas electrónicos en la gestión de la contratación, aunque hay vacíos o necesidades aún por terminar de comprender como: establecer que haya un solo sistema en cada país; sanciones realmente disuasorias a los operadores que, a partir del sistema, crean fraudes, o, incluso, solo lo aplican por formalidad, persistiendo los procesos dirigidos, barreras de entrada carentes de sustento u objetos artificialmente justificados, para erogar presupuesto en cosas que no son prioridad. Incluso, se está lejos de que la IA ingrese como herramienta no solo necesaria, sino hasta vital, para que lo mismo que pretende Diella se dé, aunque sea con pequeños avances.

Sin duda, las reformas en proceso o pendientes, en nuestros países, deben apostar por una especie humana, no robots, verdaderamente proba, a partir de herramientas tecnológicas prestas en alertar, transparentar, para asistir a los funcionarios responsables de los procesos, como del control y la fiscalización.

Retos. No sucederá que un robot comprenda, como el ser humano, criterios vitales de la contratación como los de oportunidad, conveniencia, o el mismo concepto del interés general (mal llamado interés público), pero eso no quita que la IA, los datos, el sistema como tal, sí que puede ayudar a ir perfeccionando el examen de los insumos en torno a cómo se ha hecho y cómo se puede hacer, para alcanzar eficiencia, eficacia y economía, desde el paso uno que es la planificación de las necesidades, la contratación al más idóneo desde una inteligente decisión basada, primero en calidad, luego en precio, entre otros.

El que cree que en la gestión pública de un día para el otro, solo por antojo, se puede ordenar nuevos procesos de contratación, será poco a poco una especie extinta, en la medida en que a los sistemas electrónicos de compra, les dotemos de IA. Ese que, en obra pública, por ejemplo, quiere imponer dar el paso a la fase de inversión, sin tener aún los estudios básicos de perfil, prefactibilidad y factibilidad hechos, con verdadero criterio experto; ese tipo de funcionario, igualmente, sufrirá con los datos, su análisis y una IA cada vez más presente en el día a día de la contratación.

Y, para el derecho, el reto no es nada menor. Es comprender un dilema que tenemos enfrente. Es alcanzar a tener, pronto, sistemas que, con IA, asiste y colabora con el dictado de actos como órdenes de compra, pliegos de condiciones, estudios de ofertas, decisión de adjudicar, elaborar contratos, y hasta fiscalizar su ejecución, con una precisión abismal. Hoy, y es de lamentar, encontramos con frecuencia, y pienso solo en uno de otros escenarios, administradores de contratos que, caen en lo arbitrario, al olvidar pronto que su deber es tutelar el interés general, ser altamente profesional, así como fomentar relaciones sanas, respetuosas y apegadas a la integridad, con los contratistas, que no dejan de ser socios claves para que se logren ejecutar los planes, y la gente, al final, celebre que la cosa funciona en el Estado.

Y eso, que son actos o “conductas” tomadas por un robot, y su IA, es una replanteamiento que no hay una sola ley de contratación, de lo que conozco, que lo regule ni por asomo. Es simple, los que redactan leyes, siguen pensando que todo lo hacen o lo pueden hacer únicamente seres humanos, cuando la realidad no informa que ya hasta existe una ministra robot con IA que se llama Diella.

Compliance y oficial de cumplimiento. Pero, mientras resolvemos los retos, y vamos viendo el trabajo de Diella, creo importante, para dar más contenido a principios de integridad, probidad y ética, establecer como deber en los proveedores del Estado el desarrollo de programas de cumplimiento (Compliance), con oficiales independientes, a los que se les empodere para denunciar siempre que se ocupe, algún quebranto. Creo también que se debe reconocer en los concursos a las empresas con programas de este tipo, siempre que un ente externo certifique que se implementan realmente, como pienso que en toda entidad pública, se debe fortalecer a las auditorías, con plazas y presupuesto, para especializar auditores como oficiales de cumplimiento que fiscalicen y controlen con acciones preventivas, especialmente, la actividad contractual de la Administración.

Hay opacidad en espacios públicos cuando se dan acuerdos implícitos de que otros de la misma entidad no se metan; o de no tocarse entre ellos mismos para que lo contrario a la integridad, logre concretarse. Y, por eso, es necesario incluso plantear si los pliegos de condiciones y los actos finales deben seguir siendo revisados dentro de las mismas entidades que promueven los concursos o si, por el bien tutelado de la ética pública, debe darse la discusión de introducir cambios para allegar, primero, transparencia, y, segundo, un esquema de control de la conducta administrativa, desde un foco más garantista de los derechos de los administrados, y de la procura de eficiencia, eficacia, calidad y hasta legalidad, en la actividad de compra.

SICOP. Recordemos que el art. 16 LGCP indica que la DCoP es la responsable del SDU lo que incluye su “administración”, “sin perjuicio de que pueda ser operado por un tercero cuya contratación deberá realizarse mediante licitación mayor”.

La ministra robot nos coloca en la disyuntiva, al menos para el caso de Costa Rica de si, para cuando corresponda promover el primer procedimiento abierto  para contratar al que administrará el SDU, se opte por diseñar un pliego que fomente una selección basada en propuestas que fortalezcan desde luego tener una infraestructura de hardware robusta, como perfeccionar el sistema con la introducción de servicios con IA de impacto a favor de más eficiencia e integridad. Tal vez, en ese sentido, valga la pena dar una revisada a discusiones como las presentes en telecomunicaciones y la asignación por concurso del espectro. Ahí, empezando por el “beauty contest” (se asigna una porción del espectro al candidato que cumple mejor una serie de criterios técnicos), hay una que otra idea, que pueden ayudar a pensar bien, en lograr un administrador del SDU altamente capacitado para llevar al país a ser modelo, en cuanto a su sistema electrónico con valiosos servicios y logros merced a la IA.

En fin, leer sobre Diella creo abre a cualquiera el apetito de la reflexión en torno a retos o realidades en torno a la contratación pública.