1. Introducción

 

La contratación pública es un sistema complejo de múltiples partes y actores que se ha consolidado como una herramienta de política pública para la inversión del dinero público[1], que se conduce por medio del Derecho administrativo para dar satisfacción a los intereses generales[2]. Este sistema promueve la transformación de la acción del Estado hacia la generación de valor público y la consecución de objetivos ambientales[3], sociales, económicos y de gobernanza, dejando atrás la mirada burocrática para convertirse en un eje estratégico[4] de la acción de los gobiernos, redundando en la mejora de la convivencia democrática de las sociedades.

 

En este contexto, la Declaración Potenciando la sostenibilidad a través de la compra pública aprobada en la XVIII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), celebrada en Asunción, Paraguay, durante los días 21 a 23 de febrero de 2024 -en adelante la Declaración de 2024- ofrece un marco de referencia para el continente americano para alinear las contrataciones públicas con los desafíos sostenibles e inclusivos fijados por la Agenda 2030, desde múltiples impulsores, como la profesionalización, la transparencia, la innovación y la cooperación mediante alianzas estratégicas. Este último punto se manifestó especialmente por la estrecha colaboración de la RICG con la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP) para la elaboración del borrador de la Declaración.[5]

 

Este Declaración de los Estados americanos no presenta un posicionamiento meramente programático, sino que su adopción vislumbra un incipiente anhelo de gobernanza multinivel, una aproximación sistémica para la colaboración supranacional de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que participan en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

 

La Declaración de 2024 se articula en una línea de continuidad con la Declaración denominada Contratación Pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía aprobada en la XVI Conferencia Anual de la RICG de diciembre de 2021, -la Declaración de 2021- cuyos postulados fueron incorporados como mandato en la resolución del Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática adoptada en la IX Cumbre de las Américas de 2022.[6]

 

En términos sustantivos, en la Declaración de 2021 se acordó establecer como una prioridad estratégica la consideración de la contratación como palanca de valor público y de acceso a derechos, mientras que en la Declaración de 2024 se orienta dicha consideración con un énfasis explícito en sostenibilidad, descarbonización e innovación, manteniendo la continuidad conceptual.

 

 

2. Arquitectura institucional y gobernanza multinivel

 

La Declaración de 2024 descansa en una alianza institucional de alcance continental en la que confluyen: (i) la RICG, con la OEA como secretaría técnica; (ii) la REDICOP, que aporta un enfoque iberoamericano y académico; y (iii) múltiples organismos multilaterales e internacionales (BID, IDRC, CDB, CAF, PNUD y OCP[7]). Este entramado organizacional instaura un modelo de cooperación multinivel y de aprendizaje en red que favorece la discusión y el fortalecimiento de las capacidades del sector público, la academia y la sociedad civil. Estableciéndose un modelo virtuoso de coordinación interinstitucional e intersectorial como presupuesto para el tránsito desde la lógica del cumplimiento y el gasto hacia el paradigma de la efectividad y la inversión.

 

Vista en perspectiva, la Declaración de 2021 operó como punto de inflexión que revalorizó la contratación como área estratégica del Estado (gobiernos y administraciones públicas) y habilitó una agenda de cooperación técnica sostenida. Sobre esa base, la Declaración de 2024 amplió el perímetro de la alianza hacia los criterios ambientales, sociales, económicos y de gobernanza, consolidando la coherencia de políticas entre valor público, integridad y sostenibilidad.

 

 

3. Naturaleza normativa: del procedimiento al valor público

 

Desde el Derecho Administrativo, la Declaración tiene en principio efectos, soft law, es decir no crea obligaciones directas o mandatos inmediatos jurídicamente vinculantes para los Estados, pero configura un espacio de valores y principios generales que orientan las reformas, las prácticas administrativas y produce efectos estructurantes en la práctica, sobre todo a partir de los alcances jurisprudenciales que tendrán a lo largo de los años[8]. Así, este tipo de instrumentos multinacionales quedan conceptualmente dentro del tipo mixturizado en el sistema de fuentes internacionales en el ámbito del Derecho global de la contratación pública[9].

 

El desplazamiento del eje procedimental o burocrático, como lo ha acuñado GIMENO FELIÚ[10], avanza hacia la gestión estratégica del dinero público que se concreta en el enfoque de ciclo de vida y economía circular, la incorporación de criterios ESG, el triple impacto, la eficiencia asociada a los resultados y el valor por dinero[11].

 

En esta trayectoria, es posible afirmar que la Declaración de 2021 fijó el marco teleológico con los pilares i. valor público y ii. acceso a derechos, sobre los cuales la Declaración de 2024 agrega instrumentalidad operativa en objetivos de sostenibilidad, medición de huella de carbono, datos abiertos y profesionalización.

 

4. Ejes sustantivos de la Declaración RICG-REDICOP

 

La Declaración Potenciando la sostenibilidad a través de la compra pública considera ocho líneas estratégicas con su respectiva expresión operativa:

 

i. Sostenibilidad como principio rector del gasto público: integrar objetivos climáticos y sociales en planificación, pliegos y evaluación.

 

ii. Profesionalización y fortalecimiento institucional: fortalecer los planes estratégicos para el desarrollo de competencias, conocimientos y habilidades para gestores, unidades compradoras y usuarios, acompañado de instituciones y procedimientos adecuados al efecto.

 

iii. Coordinación interinstitucional e intersectorial: colaboración público-privada para alcanzar metas de consenso con impacto climático y social; además de mejorar la gobernanza por medio del diálogo y la participación del sector privado y la sociedad civil.

 

iv. Productividad y equidad: fortalecimiento del mercado y la competitividad para alcanzar el triple impacto, con énfasis en grupos vulnerables o que requieren de especial impulso en el tejido productivo.

 

v. Reformas normativas y políticas públicas sólidas: incorporación explícita de sostenibilidad, innovación y valor por dinero en los nuevos modelos regulatorios, que promuevan el combate al cambio climático y el buen uso del dinero público.

 

vi. Transparencia, datos abiertos y tecnología: trazabilidad de las actuaciones de los poderes públicos, del uso del dinero público y de la participación ciudadana, dentro de un sistema de gobernanza ambiental.

 

vii. Innovación y gestión de huella de carbono: metodologías de medición, reducción y monitoreo de la huella de carbono en el sector público.[12]

 

viii. Grupo de trabajo multiactor: se debe conformar un grupo que permita dar continuidad, seguimiento, evaluación y efectuar recomendaciones, materializando las alianzas para el desarrollo, y que permita dar continuidad al trabajo desarrollado.

 

 

5. Conclusiones

 

La Declaración de 2024 marca una etapa de madurez en la agenda regional de compras públicas que se expresa por la continuidad en el trabajo de cooperación y consenso regional, ampliando las alianzas a entidades multilaterales y la academia alcanzando un modelo donde los objetivos de 2021 son la premisa y los mecanismos de 2024 su desarrollo.

 

Así las cosas, la visión estratégica, el enfoque en triple impacto, el desarrollo de criterios ESG y el énfasis en profesionalización, integridad, descarbonización, inclusión y datos abiertos permiten concebir en América a la contratación pública como una herramienta que se desarrolla a través de políticas públicas orientada a crear valor público.

 

El reto inmediato consiste en traducir el consenso político en marcos normativos y capacidades (sin que sea en este orden necesariamente), lo que requiere contar con informes periódicos, seguimientos y evaluaciones de impacto, abriendo camino a una convergencia política que se exprese en valores y principios generales que tengan efectos sobre los sistemas normativos debidamente coordinados mediante estándares comunes de orden continental.

 

 

Referencias

 

-BERNAL BLAY, Miguel Ángel. Algunos retos de la contratación pública global a la luz de últimos acontecimientos derivados de la gestión de la pandemia por el Covid-19. En: PERNAS GARCÍA, José; DÍAZ BRAVO, Enrique (coords.). El contrato público como herramienta para la resiliencia y el cambio social: una aproximación iberoamericana. España: Tirant lo Blanch, 2024, pp. 43-47.

 

-DÍAZ BRAVO, Enrique. La profesionalización: condición sine qua non de la contratación pública estratégica. En: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime; DÍAZ BRAVO, Enrique (dirs.). La profesionalización en la contratación pública estratégica. España: Tirant lo Blanch, 2023, p. 220.

 

-GALÁN VIOQUE, Roberto. Cláusulas ambientales: ¿Una moda o un nuevo elemento imprescindible de la contratación pública? En: DÍAZ BRAVO, Enrique; MORENO MOLINA, José Antonio (dirs.). Contratación pública global: Visiones comparadas. España: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 269–313.

 

-GIMENO FELIÚ, José María. Hacia una buena administración desde la contratación pública: De la cultura de la burocracia y el precio a la de la estrategia y el valor de los resultados. España: Marcial Pons, 2024, p. 20.

 

-GIMENO FELIÚ, José María. El necesario big bang en la contratación pública: hacia una visión disruptiva regulatoria y en la gestión pública y privada, que ponga el acento en la calidad. Revista General de Derecho Administrativo, 2022, N.º 59.

 

-ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (2022). Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática. IX Cumbre de las Américas. https://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295S02.pdf

 

-ORTEGA PÉREZ, Elard. Nueva ley general de contratación pública: una oportunidad para impulsar la equidad de género desde la contratación pública estratégica. Revista de Derecho Público, 2022, n.º 15 (enero–junio), Costa Rica.

 

-PARLAMENTO EUROPEO. (2024) Resolución de 9 de septiembre de 2025, sobre contratación pública (2024/2103(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0174_ES.pdf

 

-PERNAS GARCÍA, Juan José. La utilización de la huella de carbono en la preparación de contratos públicos: posibilidades y límites de un proceso en construcción. Revista Aragonesa de Administración Pública, 2024, N.º 61, pp. 60–106.

 

-RED INTERAMERICANA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. (2024). Declaración “Potenciando la sostenibilidad a través de la compra pública” (RICG-REDICOP). XVIII Conferencia Anual de la RICG, Asunción (Paraguay), 21–23 de febrero de 2024. https://ricg.org/wp-content/uploads/2024/06/Declaracion-RICG-REDICOP-2024.pdf

 

-RED INTERAMERICANA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. (2021). Declaración “Contratación Pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía”. XVI Conferencia Anual de la RICG. https://ricg.org/wp-content/uploads/2023/08/Declaracion-RICG.pdf