
Opinión
Los análisis de mercado son una herramienta clave para la consecución del mejor valor por el dinero en la contratación pública, sin embargo en Costa Rica hemos encontrado problemas e inconvenientes para su implementación que ameritan algunas consideraciones en aras de impulsar su utilización.
Ante el inminente aumento de la actividad constructiva a nivel mundial, es fundamental avanzar en la adopción de principios, normas y prácticas de economía circular en el sector de la construcción. El sector público desempeña un papel clave, no solo como cliente, sino también como catalizador de las condiciones habilitantes necesarias para impulsar esta transformación.
Si partimos de que el servicio público se deposita en personas que juran proceder conforme la Constitución y la Ley, entonces, no deberían darse reparos contra un ejercicio de la función pública como se supone, debe ser. Así, con personas capacitadas, y éticas.
El pacto de integridad y la cláusula anticorrupción son herramientas que provienen de un mismo elemento: el deseo de que prive la probidad en las contrataciones públicas. Inciden en la prevención y detección de prácticas que deben quedar desterradas de la contratación estatal. Desde la teoría del riesgo, no provocan que lo irregular fenezca, pero si ayudan a crear lo que podemos llamar como una nueva cultura de integridad en la contratación pública por los agentes económicos.
En el presente artículo se desarrolla la potestad sancionatoria de la Administración, específicamente en la Contratación Pública, como una rama que deriva del Derecho Administrativo, con características específicas que requieren un régimen de responsabilidades determinado, el que se subdivide en la potestad disciplinaria y correctiva. A su vez, se establecerá una visión personal sobre la naturaleza de las multas y las cláusulas penales como parte de la potestad sancionatoria de la Administración.
Nuestros colaboradores
- Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza
- Socio Fundador CPE Consultores
- Director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública
- PhD. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña (UDC).
- Abogado administrativista
- Socio director de la firma Consultores en Derecho Público S.A.
- Abogada Socia de PPP Advisors