En este artículo se aborda la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional en materia de reajuste de precios y se analiza si lo dispuesto en Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, Decreto Ejecutivo N° 44937-H-MICITT-MIDEPLAN resulta conforme con lo dispuesto por la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.  Emitiéndose, también consideraciones prácticas sobre el sistema establecido en el citado decreto.

Es común partir de que la corrupción es propia de funcionarios públicos; que su germen está en lo público, y rara vez se oye que tal flagelo existe merced a la participación de privados, empresas, empleados de compañías, que dan inicio con conductas que buscan torcer al servidor público, no pocas veces aprovechándose de necesidades  de los funcionarios que, débiles en valores, o forzados por situaciones delicadas, terminan siendo parte de la corrupción.

La contratación pública es una herramienta clave para el funcionamiento del Estado y la satisfacción del interés público, al permitir la adquisición de bienes y servicios especializados. Su correcta ejecución requiere funcionarios capacitados y profesionalizados, capaces de estructurar procesos eficientes, transparentes y ajustados a los objetivos institucionales.

Desde un trazado regulatorio, se debe introducir el carácter de estratégico de la contratación pública y la creación de política pública.

El proceder aislado de planes de desarrollo o el no mirar el cerramiento de brechas, en la contratación pública, cambia de tono si se da espacio desde la política pública.

Los análisis de mercado son una herramienta clave para la consecución del mejor valor por el dinero en la contratación pública, sin embargo en Costa Rica hemos encontrado problemas e inconvenientes para su implementación que ameritan algunas consideraciones en aras de impulsar su utilización.

Ante el inminente aumento de la actividad constructiva a nivel mundial, es fundamental avanzar en la adopción de principios, normas y prácticas de economía circular en el sector de la construcción. El sector público desempeña un papel clave, no solo como cliente, sino también como catalizador de las condiciones habilitantes necesarias para impulsar esta transformación.