El sector de la construcción consume cerca del 50% de la huella material total de la economía mundial^[1], lo que se traduce en una contribución significativa a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (37%^[2]), asociadas principalmente a la producción y suministro de materiales de construcción, así como a la operación de los edificios. Además, este sector contribuye de manera importante a la generación de residuos: en los países desarrollados, por ejemplo, la construcción y demolición representan el 40% de los residuos sólidos totales, de los cuales se recupera menos de un tercio^[3]. Se prevé que estas tendencias se intensifiquen, ya que el 50% de los edificios que existirán en 2050 aún no han sido construidos^[4]. 

Ante este panorama, resulta esencial avanzar en los principios, normas y prácticas de la economía circular en el sector construcción. La economía circular se define como un modelo en el cual se maximiza y mantiene el valor de los materiales en la economía durante el mayor tiempo posible, se minimiza la entrada y el consumo de materiales, se previene la generación de emisiones y residuos, y se reducen los impactos ambientales negativos a lo largo del ciclo de vida de los materiales^[5]. En el sector construcción, la economía circular implica^[6]:

• Priorizar la extensión de la vida útil del parque edificado existente, evitando nuevas construcciones cuando sea posible y reduciendo residuos y contaminación en el entorno construido.
• Facilitar la circulación y recirculación de productos de construcción y subproductos de otros sectores, maximizando su valor en el proceso.
• Promover la extensión de la vida útil de nuevas edificaciones mediante la planificación espacial y el diseño orientado a la circularidad.

Aunque la circularidad suele asociarse principalmente a la gestión de residuos (flujo de materiales), es importante destacar que va mucho más allá. Además del diseño para la deconstrucción y la recuperación de materiales, abarca soluciones como^[7]: espacios flexibles y de usos múltiples que permiten aprovechar áreas subutilizadas en los edificios; activos adaptables, es decir, edificaciones resilientes ante condiciones de mercado cambiantes y expectativas sociales, capaces de adaptarse a usos alternativos; edificaciones reubicables, que permiten un uso temporal en distintos emplazamientos mediante módulos modulares y deconstruibles, entre otras opciones. Por ejemplo, la Villa de los Atletas durante las Olimpiadas en París albergó a 14 mil atletas y sus equipos, y fue diseñada con la intención de convertirse posteriormente en un vecindario para 6 mil residentes, operando con energía geotérmica y solar, e incluyendo viviendas, departamentos, dos escuelas, un hotel, oficinas y comercios^[8].

La circularidad debe ser inclusiva, moldear nuevos patrones de consumo, generar oportunidades y bienestar para todas las personas, promover modelos de negocio innovadores y contribuir a la creación de empleo.

El sector público es un actor clave, no solo por su rol como cliente del sector construcción, sino también como catalizador de las condiciones habilitantes. No basta con incluir criterios de sostenibilidad en las licitaciones; la compra pública debe considerarse un instrumento político y de inversión estratégico, un engranaje entre los diferentes actores que desempeñan un papel fundamental en la transformación e innovación hacia la sostenibilidad y la circularidad. Este es el espíritu de la meta 12.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Consumo y Producción Responsables), que busca “promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales”^[9]. El papel de la contratación pública también ha sido reconocido por la Declaración de Chaillot^[10], que llama a los gobiernos a liderar con el ejemplo mediante políticas de contratación de construcción ambiciosas.

Los procesos de compra pública tienen un rol fundamental en definir “qué” y “cómo” se construye. Algunos ejemplos de buenas prácticas incluyen:

• Realizar consultas previas al mercado, de modo que las especificaciones técnicas no sean restrictivas y faciliten la mayor participación posible de oferentes (incluidas PYMEs), fomentando a la vez la innovación y la sostenibilidad.
• Definir normativa que permita al mercado conocer qué considera “sostenible” el sector público, evitando requisitos radicalmente diferentes entre instituciones.  Esto incluye metodologías para definir qué será considerado “resiliente”, esto es, construcciones que sean capaces de soportar mejor los impactos y afrontar eficazmente fenómenos meteorológicos severos como inundaciones, sequías y temperaturas extremas^[11].
• Utilizar cuando sea posible especificaciones técnicas basadas en desempeño, en lugar de prescriptivas, para fomentar la innovación en las soluciones.
• Fomentar el uso de ecoetiquetados y esquemas de certificación, según su disponibilidad en el mercado.
• Fortalecer la gestión de contratos para garantizar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad incluidos en los documentos de compra.
• Escalar innovaciones sostenibles mediante la creación de demanda de tecnologías limpias, como materiales fabricados con residuos de construcción o de plásticos, o métodos como la construcción modular en madera industrializada.
• Aplicar metodologías de compra pública innovadora (CPI) en el sector construcción.
• Incluir criterios de evaluación más allá del precio ofertado, como la eficiencia energética.

El alcance e impacto de los procesos de compra dependerán del mercado y de las condiciones habilitantes relacionadas con la economía circular de cada país. Estas condiciones, que van más allá del ámbito de la compra pública, incluyen la planificación urbana, los códigos de construcción, la gestión de residuos (incluido el sistema de Responsabilidad Extendida del Productor^[12]), políticas de incentivos financieros, de innovación y de apoyo a PYMEs (por ejemplo, creación de capacidades), así como ecoetiquetado de materiales, entre otras. Aunque estas políticas no forman parte directa de la compra pública, sí corresponden al ámbito de acción del sector público. Esto subraya la importancia de contar con una hoja de ruta nacional que utilice el poder de compra público como una fuerza de cambio para establecer las condiciones habilitantes necesarias para la circularidad en el sector construcción en general, y no solo en licitaciones puntuales. Se requiere la participación del sector público, privado y demás partes interesadas: sector financiero e inversionistas, investigadores, sociedad civil, entre otros.  A nivel mundial, la red One Planet Network ha dado un primer paso al movilizar a diversos actores en torno a este tema, y promoviendo la toma de acciones^[13].

La compra pública estratégica no consiste únicamente en la aplicación eficaz de buenas directrices o prácticas recomendadas, sino que debe estar respaldada por una visión estratégica que la considere un componente fundamental del desarrollo. Los gobiernos deberían utilizar la compra pública como una herramienta estratégica al definir sus planes nacionales de desarrollo. Si la compra pública estuviera vinculada a las estrategias de desarrollo, podría generar mayor valor y mejores resultados. Un mayor nivel de integración permitiría una visión a más largo plazo y elevaría la conversación, pasando de una función administrativa secundaria a una herramienta estratégica con un enorme impacto en la capacidad de la administración para implementar políticas públicas y alinear al sector privado con objetivos comunes. Si bien en este artículo se ejemplifica con el sector construcción, su aplicación se extiende a otras prioridades estratégicas.