Se examina la potestad de la Contraloría General de la República como “jerarca impropio” en la materia de contratación pública, explicando los supuestos bajo los cuales el órgano contralor puede declarar nulidades absolutas, evidentes y manifiestas. Se explica su intervención en los recursos de objeción y apelación, destacando la importancia de ejercer un control preventivo. Asimismo, se enfatiza la importancia del resguardo del interés público y preservar la eficacia y eficiencia de los servicios, siempre con apego a los principios del Estado de Derecho. 

Este texto aborda la anulación en materia de contratación pública como una decisión extrema, evocando el dilema de Ulises en la Odisea al elegir entre dos males inevitables. Se explican las diferencias entre nulidad absoluta y relativa, así como las vías para declararlas. También se refiere al rol de la Contraloría General de la República en cuanto a nulidades, enfatizando la necesaria razonabilidad y proporcionalidad que deben prevalecer como elementos claves para la protección del interés público. 

La regulación de los recursos en contratación pública en Costa Rica está delimitada por la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, estableciendo un elenco taxativo de mecanismos de impugnación. Si bien la regulación actual ha significado avances, aún la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, en aquellos casos en que, en materia de contratación pública, la senda recursiva es de conocimiento de la CGR, tal como lo dispuso la Sala Constitucional en el voto n.º 3669-2006 y se replicó en el artículo 31.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, persisten desafíos en la implementación práctica, como las deficiencias del SICOP, que afectan la accesibilidad y eficiencia del sistema. Es crucial avanzar en una armonización normativa y en mejoras tecnológicas que fortalezcan la transparencia y eficacia del sistema de contratación pública.

La contratación pública, como hemos explicado en anteriores trabajos, debe alinearse hacia el objetivo de la buena administración, que debe ser el alma de toda decisión contractual (Gimeno Feliu, 2025).

Existe un marco jurídico suficiente para impulsar la participación de las Pymes en la contratación pública, pero existe resistencia y falta de coordinación interadministrativa para su apropiada implementación.

La implementación de los criterios de contratación pública estratégica bajo la LGCP requiere de la realización de análisis de mercado previos que aseguren que no existe una limitación innecesaria de la libre concurrencia.

La determinación de los incumplimientos demanda de los operadores superar las lecturas formales para demostrar su relevancia para el interés público, lo cual es un ejercicio que corresponde hacer en diversas etapas de la contratación.

Hacia el buen gobierno desde la contratación pública

Jose María Gimeno Feliu. Catedrático de derecho administrativo. Universidad de Zaragoza