La contratación pública ya no puede verse como un simple trámite, sino como una herramienta estratégica para generar valor público. En Costa Rica, la Ley 9986 impulsa una transformación que exige talento humano profesionalizado, con competencias técnicas, éticas y estratégicas. El cambio de paradigma nos lleva de abastecer a construir soluciones. Profesionalizar no es una opción, es una necesidad estructural. Cada compra bien gestionada puede traducirse en justicia, eficiencia y mejor calidad de vida.
Durante décadas, la contratación pública en Costa Rica como en muchos países de América Latina fue concebida como una función meramente operativa: una forma de adquirir lo necesario para que la maquinaria estatal no se detuviera. Ejecutar el presupuesto, porque no se castigaba su devolución. Sin embargo, en la actualidad, esa visión esta quedando rezagada frente a los desafíos del Estado moderno, hoy se vuelve más necesaria la evolución de la función en compras públicas, sin distinción de la institución que la realice.
El impulso que le dio la Ley 9986 era necesario, ahora hablar de compras públicas es hablar de gobernanza, de sostenibilidad, de innovación, de desarrollo económico y de derechos fundamentales. Es claro, que unos avanzan en esa visión más rápido que otros, pero coincidiendo que la profesionalización del talento humano no es una opción es una urgencia estructural.
Estamos pasando por el cambio de visión de gestores de trámites a diseñadores de soluciones, el cambio de paradigma inicia con una idea básica pero poderosa: quienes gestionan las compras públicas ya no pueden ser considerados simples tramitadores. Son tomadores de decisiones que deben articular necesidades institucionales, criterios técnicos, presupuestos, riesgos, políticas públicas y, por supuesto, principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
La figura del proveedor institucional evoluciona y el mundo exige una transformación de fondo: la contratación pública debe ser ejercida por profesionales especializados, con formación técnica, criterio jurídico, capacidad de análisis, y habilidades blandas para la negociación, ética y transparencia, el perfil del comprador público debe ser redefinido desde un enfoque de competencias, que combine el requisito académico con distintas capacidades, y el conocimiento del entorno institucional y sobre todo una profunda comprensión del impacto social de sus decisiones.
Este profesional debe ser capaz de evaluar el riesgo contractual, redactar pliegos de condiciones que procuren la mejor forma de satisfacer la necesidad, que genere competencia, con modelos de ejecución innovadores, equilibrados, gestionar procedimientos conforme al marco normativo y, al mismo tiempo, entender que detrás de cada compra hay personas esperando una solución.
Uno de los pilares de esta transformación debe ser el enfoque de propósito en la contratación pública, el énfasis ya no está solo en “qué se compra”, sino en “para qué se compra” y “cuál es el valor público que se genera”. Este giro implica una reflexión constante sobre el impacto de cada contratación en los usuarios finales del servicio público.
¿Estamos reduciendo brechas de acceso? ¿Estamos impulsando innovación? ¿Estamos adquiriendo de forma sostenible? ¿Estamos dinamizando las economías regionales o fortaleciendo a las pymes proveedoras? ¿Estamos definiendo la mejor modalidad de contratación? ¿es la mejor forma de satisfacer la necesidad? ¿fue analizado el ciclo completo de la contratación, valor por dinero?
Estas preguntas deben formar parte del análisis previo y posterior a cada contratación, y solo un personal capacitado puede responderlas con responsabilidad y estrategia.
Este enfoque ya ha sido adoptado por múltiples organismos internacionales, como la OCDE, la Unión Europea o el Banco Interamericano de Desarrollo, que han promovido marcos de contratación pública estratégica con un fuerte componente de profesionalización.
En Costa Rica, ya existen experiencias que demuestran que cuando se consolidan equipos técnicos especializados, grupos de alto desempeño, se logra mayor eficiencia, se reducen riesgos de incumplimiento y se mejora la calidad del gasto. Sin embargo, estas experiencias no son diarias y muchas veces dependen del liderazgo individual.
Debemos pasar de la urgencia a la estructura, la profesionalización no debe depender de voluntades circunstanciales, sino de una estructura formal que garantice continuidad, evaluación y mejora continua. Profesionalizar no implica únicamente exigir títulos académicos significa definir un perfil profesional con competencias específicas, medibles y actualizables, en línea con estándares internacionales y adaptados a la realidad costarricense.
Para lograr esto, es urgente cambiar el enfoque: dejar de pensar en abastecer y empezar a pensar en generar valor. Esto requiere autoridades conscientes, que comprendan el impacto transformador de una compra bien diseñada, bien ejecutada y bien supervisada. La compra pública no es un trámite; es una decisión de política pública.
Profesionalizar la contratación pública no es tarea exclusiva de quienes trabajan en ella. Implica una concientización institucional y política de alto nivel. Implica reconocer que el rol de los funcionarios que gestionan estos procesos es estratégico para el país, que merecen estructuras estables, oportunidades de crecimiento, sistemas de evaluación y condiciones que les permitan ejercer su labor con excelencia. El paso que sigue debe ser la implantación de un sistema de acreditación de competencias que asegure que quienes toman decisiones de compra pública lo hagan con fundamento técnico, visión estratégica y responsabilidad pública.
Que se reconozca el valor técnico, ético y estratégico del recurso humano que sostiene los procesos de compra, se que cuente con un marco estructural, formativo y organizativo que potencie sus capacidades.
Esto implica:
- Definir perfiles de puesto estandarizados para los distintos niveles de la función de compras, desde los analistas hasta sus jefaturas.
- Crear un sistema de acreditación de competencias en contratación pública, con mecanismos objetivos de evaluación.
- Establecer rutas de desarrollo profesional y formación continua, en alianza con universidades, colegios profesionales y centros de capacitación pública.
- Incorporar indicadores de desempeño y métricas de valor público, para que las contrataciones no se midan solo por ejecución presupuestaria, sino por resultados e impacto.
- Garantizar que las estructuras organizativas de compras en cada institución respondan a criterios técnicos y no a coyunturas administrativas.
Este proceso, lejos de ser un costo, es una inversión institucional que retorna en forma de eficiencia, cumplimiento normativo, ahorro y calidad en los servicios.
Es lograr pasar a una contratación pública con rostro humano, quien acude a una institución pública lo hace por un servicio, muchas veces esencial que se debe garantizar, hablar de profesionalización es también hablar de dignidad en el servicio público. Reconocer que quienes lideran los procesos de compra tienen en sus manos decisiones que afectan competencia, economía y hasta vidas. Que cada expediente gestionado a tiempo, cada pliego bien redactado, cada contrato ejecutado con rigor, puede ser la diferencia entre una persona recibiendo un servicio o esperando indefinidamente.
La contratación pública es el puente entre los recursos públicos y los derechos ciudadanos, por lo que claramente ese puente debe ser sólido, confiable y humano. No basta con sistemas electrónicos ni con leyes modernas. Se necesitan personas con vocación, preparación y respaldo institucional.
Costa Rica se encuentra ante una oportunidad histórica, y una Ley 9986 que lo exige: convertir la contratación pública en uno de los pilares de su transformación institucional. Para lograrlo, ya se tiene el amparo legal, el sistema de información, por lo que ahora es necesario invertir en el capital humano que hace posible, día a día, que las compras públicas tengan sentido, impacto y propósito.
La profesionalización de la contratación pública no es una aspiración teórica. Es una decisión país, que debe reflejarse en planes, presupuestos, estructuras y voluntad. Porque detrás de cada compra bien hecha, hay un acto de justicia, de eficiencia y de compromiso con lo público. Cada proceso de compra, cuando se ejerce con conocimiento y ética, tiene el poder de cambiar una realidad.
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