La compra pública y el recurso humano profesionalizado, deben ayudar en el desarrollo con equidad, pero, además, debe ser herramienta para que se alcance una prestación de servicios, con sentido de integración, eficiencia, valor por dinero; es pues, puerta para que cada Estado coloque al ciudadano, a la persona, como el centro.

Las políticas públicas son tareas o quehaceres a cargo de los poderes públicos que se destinan, de una y otra forma, a través de las diferentes técnicas disponibles, a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto es así, entre otras razones, porque en la democracia, el gobierno del, para y por el pueblo, el complejo Gobierno-Administración, debe estar y actuar al servicio objetivo del interés general.

La actividad contractual que realizan las diferentes Administraciones públicas consiste en ofrecer los mejores bienes, infraestructuras y servicios públicos posibles a los ciudadanos contando con la colaboración del sector privado. Primero porque tales actividades ordinariamente no se pueden realizar directamente por la propia Administración en dignas condiciones y, segundo, porque, de esta manera, se asocia a la sociedad en la función de servicio al interés general, que ni es privativa de la Administración ni sólo a ella concierne. También, por ello, la profesionalización en la contratación debe ser una tarea que compromete no sólo a las Autoridades públicas sino, también, y mucho, a quienes dirigen las empresas privadas, especialmente a los departamentos de compras.

En este contexto, conviene subrayar que la Administración cuándo contrata con empresas la realización de obras o servicios dispone de una posición jurídica especial que le permite disponer de una serie de poderes que sólo se justifican en la medida en que previamente estén explicitados en lo concreto en razones de interés general. Por tanto, a través de la contratación del sector público es posible, y deseable, que los ahora llamados poderes adjudicadores garanticen efectivamente que esa forma de prestar los servicios o de construir obras o infraestructuras públicas se realice desde los postulados del servicio objetivo al interés general.

En línea con lo acotado, la contratación como instrumento de política pública debe contribuir a una mayor humanización de la realidad pues es posible, vaya si lo es, diseñar las técnicas contractuales de manera que la centralidad de la dignidad del ser humanos brille por su presencia. Simplemente y, por ejemplo, con establecer estímulos fiscales a las más variadas expresiones del denominado comercio justo, ya estaríamos trabajando en esa dirección.

En este sentido, las políticas públicas de contratación pública se nos presentan como instrumentos adecuados a través de los cuáles, con pleno respeto por supuesto a la juridicidad, es posible contribuir de manera directa y tangible a un mayor compromiso social concretado en el comercio justo, en el fomento de la conciliación laboral, en la protección ambiental o, entre otros, en la promoción del empleo o en el combate a la corrupción. Es decir, la contratación pública tiene características y peculiaridades que, desde la cláusula del Estado social y democrático de Derecho, pueden traducirse en estos objetivos de tanta relevancia social.

Las políticas públicas de contratación pública deben abrirse a desarrollos armónicos y humanos del medio ambiente, de la contemplación de las bellezas naturales, de la protección del patrimonio histórico artístico o de la protección del litoral. La sensibilidad social en la materia alude a que las políticas públicas han de facilitar medios y posibilidades para que los ciudadanos puedan, a través de la actividad de la contratación pública, en cualquiera de sus manifestaciones, puedan vivir una vida más humana y solidaria.

Profesionalización y el valor de la formación.

Visto lo anterior, cabe indicar que el aprendizaje permanente y el ejercicio permanente de las cualidades humanas deben adornar la conducta de un funcionario público. Tal y como Díaz Bravo, Rodríguez – Arana Muños y otro, lo han planteado en el Informe de Profesionalización hecho para el Gobierno de Costa Rica, se debe tener mentalidad abierta, metodología del entendimiento, preparación técnica, sensibilidad social, compromiso con los valores éticos y democráticos y, conocimiento de la realidad, son rasgos esenciales para dirigir en el siglo XXI, también en el sector público y, especialmente, los procesos de contratación pública.

En este sentido, no se puede olvidar que los funcionarios del siglo XXI ya no son esos rígidos tecnócratas que se limitan a la mera aplicación de unas normas perfectamente delimitadas. Hoy, el nuevo administrador público, sobre todo en materia de contratación, es un artesano que debe actuar con prudencia y que debe ser consciente de la trascendencia de las decisiones que adopta, en un contexto de pensamiento dinámico, plural, abierto y complementario. Ha de ser un servidor “casa de cristal”, que coloque la integridad como su estandarte.

La formación continua de los dirigentes públicos, de quienes conducen los procedimientos de contratación, es una de las claves de la reforma administrativa en esta materia. Por una parte, como sabemos, el proceso del aprendizaje no termina nunca y, por otra, la adecuada preparación técnica y humana de los dirigentes públicos acrecienta la conciencia de servicio de la Administración pública a los ciudadanos en una materia como la contratación en la que es esencial ofrecer a los usuarios bienes, infraestructuras y servicios públicos de calidad que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Por eso, es muy importante el papel que tienen las Escuelas de Administración Pública. Deben ser centros de enseñanza que promuevan la mejor preparación técnica posible en un entorno de promoción de los valores del servicio público y de los objetivos del Estado social y democrático de Derecho. En este sentido, la formación y capacitación específica en materia de contratación pública es crucial para contar con buenos profesionales que sepan preparar unos pliegos concretos, concisos, completos, que sepan motivar adecuadamente la adjudicación del contrato y que estén en condiciones de velar, durante la ejecución del contrato, por hacer cumplir las obligaciones asumidas por el contratista. En una palabra, estos programas formativos, además de servir para la mejor selección de los gestores o administradores de los contratos públicos, deben habilitar y adiestrar para una buena administración también en materia contractual.

Una buena administración de la contratación pública ha de contar con funcionarios preparados técnicamente, con sólidos compromisos éticos y con un sentido de responsabilidad pues a través de este instrumento de política pública han de poner al servicio de la ciudadanía, de los usuarios, bienes, infraestructuras y servicios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Para ello deben comprender que la dirección de los procedimientos y procesos contractuales en el sector público tienen exigencias de no poco calado.

Lecturas complementarias

• CELEX. Adquisiciones sociales — Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas — 2.a edición 2021/C 237/01. (2021). Diario Oficial, C 237, 1-69. En: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0618(01)[legislation]   
• Canónico Sarabia, Alejandro, Tesis de Doctorado “La contratación pública estratégica: con especial referencia al acceso de las pymes en las compras públicas”, Universidade Da Coruña, 2018 http://hdl.handle.net/2183/22633
• Díaz Bravo (Enrique), Rodríguez - Arana Muñoz (Jaime) y Campos Monge (Christian). Informe sobre profesionalización en contratación pública, para Gobierno de Costa Rica, Diciembre, 2021.
• Gimeno Filiu, José María. ¿Es nuestra contratación estratégica?, Universidad de Zaragoza orcid.org/0000-0001-6760-9222/ https://www.euskadi.eus/contenidos/evento/2019_0_3_22/eu_def/Gimeno.pdf
• OCDE (2009), Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)