La contratación pública constituye una herramienta estratégica esencial para el funcionamiento eficiente del Estado y el desarrollo económico de un país. A través de ella, la Administración adquiere bienes, servicios y obras que facilitan la prestación de los servicios públicos esenciales y, por consiguiente, pretende garantizar el cumplimiento del interés público.

Su importancia radica en la especialización de funciones, en virtud de que, la Administración es incapaz de poseer la experticia en todas las áreas o la posibilidad de autosatisfacer todas sus necesidades y las de los administrados, por lo que, debe optar por contratar con particulares que poseen la pericia, el conocimiento técnico y la capacidad de desarrollar determinadas actividades.

Ahora bien, es necesario que, desde la Administración, el personal encargado de desempeñar y ejecutar los actos relacionados con la contratación pública, cuente con la profesionalización para realizarlos. La Comisión para Promover la Competencia en Costa Rica (COPROCOM) en su opinión N° 015-2021 del 5 agosto de 2021, ha indicado que es importante contar con personal que posea la experiencia en contratación y que se pueda monitorear la dinámica de los oferentes, para tener claras las condiciones de estos y del mercado.

En este contexto, es fundamental que los funcionarios responsables asuman un rol activo en el seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación, con el objetivo principal de garantizar una contratación eficaz y eficiente. Para lograrlo, el pliego de condiciones debe estar debidamente estructurado en dos aspectos clave.

En primer lugar, debe existir una comprensión clara de los objetivos de la Administración. Solo así el pliego podrá constituirse en una herramienta estratégica que articule todos los elementos necesarios para satisfacer adecuadamente la necesidad que dio origen al proceso de contratación.

En segundo lugar, es imprescindible definir con precisión el objeto contractual, procurando que este refleje la realidad del mercado en el que se desarrollará. Para ello, se requiere que el personal encargado realice estudios previos rigurosos, que permitan establecer condiciones acordes a la oferta disponible y faciliten la participación de proveedores idóneos. Esto no solo contribuye a seleccionar al oferente más capacitado, sino que también asegura el cumplimiento del principio de valor por dinero, además de los principios de transparencia, eficiencia y legalidad ya mencionados.

Entre las principales consecuencias de no aplicar buenas prácticas en la contratación pública, destaca la falta de claridad en los objetivos institucionales. Esta omisión vulnera principios fundamentales como la eficacia, la eficiencia y el valor por el dinero. De acuerdo con estos principios, tanto el uso de los recursos públicos como la conducta de los actores involucrados en los procesos de compra deben estar orientados al cumplimiento de los fines, metas y objetivos institucionales, así como a la satisfacción del interés público.

Por su parte, la asignación de los recursos no se hará de la manera más apta, ya que, para la asignación de los fondos públicos en una institución se debe tener claridad de los objetivos y los proyectos que se quieren desarrollar. Así, se podrán presentar situaciones como subejecuciones presupuestarias ante la inexistente noción de cuáles son las necesidades institucionales, además, de eventuales desviaciones de fondos y contrataciones ineficaces. 

Finalmente, cabe señalar que en cuanto al conocimiento del objeto contractual, existen objetos que, por su naturaleza, requieren de una pericia técnica, es decir, una persona que conozca las especificaciones del mismo y pueda brindar un informe profesional sobre el mismo, para que, con base en este, la institución pueda delimitar cuáles son los requerimientos para indicarlos en el pliego de condiciones, lo cual, dota de transparencia al proceso de contratación, además, de que le permitirá a la Administración un adecuado análisis de ofertas para garantizar el principio del valor por el dinero, maximizando la utilización de los fondos públicos. 

A partir de una adecuada profesionalización del personal encargado de las contrataciones públicas se dota de las herramientas técnicas y éticas para reconocer, prevenir y denunciar ciertas irregularidades que puedan suscitarse, a partir de la observancia de la integridad en cada etapa del proceso. Permite, a su vez, el mejor uso de los recursos y maximizar el valor obtenido por las contrataciones, empleando análisis de mercado, evaluación de ofertas, gestión de riesgos y planificación de adquisiciones, lo que permite tomar decisiones informadas que se reflejan en un mejor uso del erario público.

Aunado a lo anterior, se garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, con una actualización constante y empleo de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia.

En síntesis, un personal capacitado es capaz de estructurar procesos de contratación precisos, competitivos y que incentiven la participación de diversos oferentes, lo cual introduce un abanico de opciones más amplio y el cumplimiento de los principios que orientan la contratación pública.